Aún no hubo elecciones, pero muchos jueces ya votaron

Empecemos por el final: las duras palabras del ministro de Justicia -la Corte “es tan independiente que parece opositora”- no ayudan a crear un clima de armonía y respeto entre los dos poderes del Estado, más envueltos en suspicacias e intrigas políticas que en remar el escorado barco de la Argentina hacia alguna playa segura.Pero…

Aún no hubo elecciones, pero muchos jueces ya votaron

Empecemos por el final: las duras palabras del ministro de Justicia -la Corte “es tan independiente que parece opositora”- no ayudan a crear un clima de armonía y respeto entre los dos poderes del Estado, más envueltos en suspicacias e intrigas políticas que en remar el escorado barco de la Argentina hacia alguna playa segura.

Pero la reacción del gobierno no borra ni tapa una insoslayable cadena de decisiones judiciales perfectamente sincronizadas con el reloj electoral, que al menos justifica fruncir el entrecejo.

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La diarrea de excarcelaciones de “presos K” iniciada después de la rotunda victoria de Alberto Fernández en las PASO tuvo este miércoles su último eslabón, con la apertura de la celda en la que había ingresado el primo de Néstor Kirchner, Carlos Santiago, por haber sacado cientos de miles de dólares de varias cajas de seguridad y apurado transferencias bancarias días después de que la justicia se lo prohibiera. ¿No es fue ese un intento de obstruir la investigación por el supuesto direccionamiento de los contratos viales en Santa Cruz en favor de Lázaro Báez? Parece que antes si, ahora no.

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Se dijo y repitió en estas páginas con toda claridad y énfasis: las prisiones preventivas deben ser extraordinarias y puntillosamente justificadas, de ningún modo pueden ser “sentencias anticipadas” y las apelaciones de los detenidos deben tratarse con la máxima celeridad.

Con la misma vehemencia, hay que reiterar que la justicia sólo es honrada cuando se concluye un juicio oral, con todas las garantías de la Constitución pero en un plazo razonablemente breve -pocos expedientes podrían justificar más de seis meses de audiencias- después de una instrucción veloz y consistente, con sentencias coherentes con las pruebas y testimonios exhibidos ante el tribunal, las partes y el público, y revisadas por la Cámara de Casación en un tiempo igualmente lógico: un circuito que no podría llevar más de dos o tres años, aún teniendo en cuenta imponderables y gatos negros en el camino. Nada de eso ocurrió ni ocurre en la Argentina, salvo contadas y honrosas excepciones.

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Las excarcelaciones de acusados por fraude al Estado, lavado de dinero, coimas y hasta delitos de lesa humanidad -como los que se sacudió de encima el general César Milani en un fallo que entre otras extravagancias considera legales las detenciones extrajudiciales de la dictadura- detonaron una de las pocas columnas que el gobierno de Mauricio Macri intentó mantener erguida de su malogrado plan de acción: el adecentamiento de la función pública y la lucha contra la eterna impunidad.

Una vez más: de ningún modo ese objetivo justificaba un festival de prisiones preventivas. Más bien éstas expusieron el volantazo de varios jueces en expedientes que durante años habían flotado hacia el olvido. Una maniobra tan escandalosa como la que vemos en estos días, en sentido contrario.

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Pero las fogatas del desafío judicial al gobierno se encendieron en más fueros y despachos. La Corte Suprema anatemizada por Garavano viene de golpear con un uno-dos fuerte: en sus últimos acuerdos volteó el “esfuerzo compartido” entre la Nación y las provincias en la rebaja del IVA a los alimentos y los cambios en Ganancias dispuestos por Macri tras el porrazo electoral, y el cálculo de las indemnizaciones a los exiliados durante la dictadura. Trompazos en el pecho, pero sobre todo en el bolsillo.

Este miércoles, el juez laboral Alejandro Segura declaró inconstitucional la fórmula para calcular las indemnizaciones por accidentes de trabajo que el presidente había firmado días atrás, y que implicaba una rebaja en los montos cobrados al eliminar la tasa activa en ese cálculo, tal como imploraban las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo y cientos de PyMEs.

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Apenas horas después, la jueza federal con competencia electoral María Servini puso su sello a otro fallo que amargó al oficialismo: le prohibió al intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, a entregar planes sociales por la emergencia alimentaria, porque implicaría “condicionamientos a los votantes”. Algo novedoso para la doctora, al parecer.

Por supuesto, aquellos fuegos de rebeldía sólo son posibles si hay pasto y ramas secas que lo permitan: la multiplicación de decretos de necesidad y urgencia para disponer en materia fiscal o en cuestiones en las que el Congreso debe opinar ofrece un flanco muy débil a la súbita prisa de los jueces. En cuyas muñecas ya refulge el reloj electoral.

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